Una minería sin Estado

Aldo Santos*

Chacayaje, Ayapata e Ituata han pasado a formar parte de la crónica policial, luego de que tres personas murieran como consecuencia de un enfrentamiento entre dos poblaciones vecinas. Ayapata e Ituata, dos localidades de una misma provincia enfrentadas por la posesión de yacimientos mineros en Puno; más allá de la ineptitud de la Presidencia del Consejo de Ministros y los Gobiernos Regionales, por no solucionar los problemas de demarcación territorial que existen en el Perú y las regiones, el enfrentamiento revela los oscuros métodos utilizados por la minería informal en el país.

Los mecanismos que la informalidad utiliza para solucionar sus controversias tienen que ver, en este caso con el enfrentamiento armado, la violencia física o elementos de intercambio y negociación que están por debajo de la Ley. Demás esta hablar de los “alces”, transacciones que suponen que el propietario de la superficie del terreno, reciba a cambio una porción del oro que el minero extrae del subsuelo. O el “cachorreo”, sistema de trabajo que posibilita que el dueño de la concesión minera le permita explotar el mineral a sus trabajadores durante cuatro días, como pago por el trabajo que estos realizan durante un mes.

No hay impuestos, no hay Ley, no existen derechos laborales y ante la ausencia estatal proliferan otro tipo de vicios, prostitución clandestina, trata de personas, violencia sexual, violencia familiar o trabajo infantil. Un círculo vicioso que alimenta la impunidad y que tiene como cómplices a autoridades y funcionarios estatales que han encontrado en la informalidad un modo de vida para obtener otro tipo de beneficios (sobre todo en época electoral).

En Madre de Dios ocurre lo propio, los enfrentamientos por la superposición de predios se han agudizado; el mecanismo perverso de adjudicación de derechos mineros no distingue concesiones de aprovechamiento forestal o concesiones de aprovechamiento turístico, mucho menos predios de uso agrícola. Sólo en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata existen actualmente 85 derechos mineros en trámite, 31 derechos mineros titulados y 64 de ellos se superponen con la Reserva. Además de existir superposición entre derechos mineros o entre predios agrícolas y derechos mineros .

Agricultores, concesionarios forestales y turísticos tienen que enfrentar, a través de diversos mecanismos, la arremetida de la minería informal que lo depreda todo a su paso y que difícilmente encuentra obstáculos. Algunos propietarios se han visto en la necesidad de ser ellos mismos quienes hagan denuncios mineros sobre sus predios para evitar que la plaga de la informalidad los toque, algo parecido a pagar un alquiler anual o por protección al Estado por ocupar su propio terreno.

Las cifras más conservadoras revelan que cerca de 150 000 hectáreas de bosque han sido destruidos por la minería informal en Madre de Dios; mientras en Puno los daños causados por la minería informal a la cuenca del río Ramis son incalculables. Todo ello se agudiza en un contexto en el que el precio del oro ha superado los 1 000 dólares por onza y la pobreza, la inexistencia o mala aplicación de políticas orientadas a otras actividades productivas como la agropecuaria, la agroforestería o la conservación son imperceptibles o simplemente no existen.

La disputa entre Ayapata e Ituata, que terminó con la muerte de tres personas y otras tantas heridas de bala, puede ser el desenlace de este y otros conflictos que tienen como punto de divergencia el aprovechamiento de determinados recursos naturales en el país, si es que no se establecen reglas claras de negociación y si es que el derecho de propiedad y demás normas se siguen violando arbitrariamente con la complicidad de autoridades y funcionarios estatales tanto por su incapacidad, como por las limitaciones que estos tienen.

Para el caso concreto de la minería informal, ¿por qué no se regula el ingreso del mercurio a estas zonas mineras? Que por cierto es altamente nocivo y el Perú es uno de los pocos países que sigue permitiendo su uso, ¿quiénes están detrás del negocio del mercurio en el país?, ¿quiénes son los dueños y los vendedores de la maquinaria pesada que circula en los centros mineros?, ¿quiénes son los compradores (“blanqueadores”) del oro informal? Y por último, ¿quiénes financian la actividad?

Es sumamente sencillo atacar al minero informal, a aquel que trabaja bajo condiciones inhumanas, pero difícil decir algo sobre los verdaderos ganadores del negocio de este tipo de minería; entre ellos se pueden contar congresistas deudores, importadores de maquinaria pesada, funcionarios estatales, alcaldes provinciales, distritales y hasta dirigentes sociales e indígenas. El esquema se repite aquí y allá y la solución estatal parece ser la misma. Estigmatizar al minero y limpiar de culpas a los verdaderos promotores del negocio.

Finalmente, no se trata de negarse a la minería como posibilidad de que esta pueda aportar al desarrollo regional y nacional, se trata, por el contrario de ordenar la actividad y de que esta se realice cumpliendo estándares mínimos de responsabilidad ambiental, social y por último respetando los derechos humanos. Determinemos zonas de actividad minera y excluyamos a aquellas que tienen otro potencial, mejoremos los mecanismos de fiscalización, asistencia técnica y formalización de los concesionarios mineros y acabemos con la corrupción que continúa viviendo de esta actividad.

*Comunicador Social

Foto: Vista aérea de la minería en el sector de Guacamayo en Madre de Dios. Imagen tomada en marzo del 2009.

COFOPRI, entre la promoción de la formalización y la deforestación

Héctor Vilchez*

Analizar la legislación peruana sobre tierras no es tarea sencilla, ya que en los últimos cuatro años se han emitido, de manera desordenada, muchos dispositivos legales parciales pero vinculados unos del otro. Lo expresado a continuación es solo una arista del problema.

Todo empezó con el artículo del presidente Alan García llamado El síndrome del perro del hortelano, publicado el 28 de octubre de 2007 en el diario limeño El Comercio, donde se deja entrever la visión de que los indígenas de la sierra y de la selva no están capacitados para utilizar sus recursos, pues son ignorantes y pobres, y que tienen grandes extensiones de terreno improductivos, los cuales podrían ser productivos si son transferidos a grandes inversionistas.

A partir de esta publicación, con la finalidad de implementar esta posición, se han emitido una gran cantidad de decretos legislativos y decretos supremos orientados a promover las grandes inversiones, en las que de por medio se hallaba la disponibilidad de tierras. En ese marco, COFOPRI (creado el 28 de junio 2008 a través del Decreto Legislativo 1089) juega un rol protagónico tal como se detalla a continuación.

El Proyecto de Ley Nº 840 (28 diciembre 2006) que modifica el Artículo 2º de la Ley Nº 28852 (Ley de promoción de la inversión privada en reforestación y agroforestería, del 26 de julio 2006), en la exposición de motivos señala que la promoción de inversiones privadas demanda un largo plazo para retomar sus beneficios económicos ya que se requiere de extensas áreas de terreno para que sea rentable en un esquema de economía de escala, por lo que propone la adjudicación en venta de 10000 a 40000 hectáreas. El límite previsto en el artículo 2º de la Ley Nº 28852 solo permite la adjudicación de hasta 10000 hectáreas.

Desde la presentación de dicho proyecto (2006), a nivel de la Amazonia peruana se inicio la especulación de tierras, muchas veces en perjuicio de pequeños productores rurales y comunidades nativas que no habían formalizado su derecho agrario con el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT).

El actual gobierno ha eliminado o disminuido las únicas instituciones estatales que atendían la problemática de los pueblos indígenas y colonos rurales en el Perú. Para ello, ha reducido a su mínima expresión el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro peruano – INDEPA y ha eliminado el Programa Especial de Titulación de Tierras – PETT.

En Madre de Dios, en el medio rural, específicamente en el tramo Puerto Maldonado – Cusco (Km 55 – 85), los agricultores señalan que los técnicos de COFOPRI han mencionado que solo actualizarán y/o titularán las áreas trabajadas.

Este mensaje es negativo desde todo punto de vista, porque ha tenido y tiene efectos importantes. Uno de ellos es que los agricultores con la finalidad de asegurar la mayor cantidad de tierras para titulación, desde el 2008 vienen deforestando grandes extensiones de bosques. Se tiene registrado casos en que agricultores han deforestado entre 10 y 15 hectáreas en una sola campaña, cuando el promedio de deforestación año no supera las dos hectáreas.

Eso no es todo, los agricultores ahora están desconfiados porque creen que COFOPRI puede usar otros mecanismos para lograr su cometido, de titular la menor cantidad de tierras con la finalidad de que queden áreas libres para entregarlas a grandes inversionistas.

Otro ejemplo esta en la Región Amazonas, donde el Estado peruano a través de COFOPRI viene incumpliendo la obligación de reconocer la titularidad ancestral del Pueblo Awajún y Wampís sobre sus territorios tradicionales, a pesar de que ellos lo vienen solicitando hace más de 30 años; la negativa tiene que ver con una supuesta falta de recursos financieros para proceder a la demarcación y titulación. COFOPRI esta solicitando a los comuneros cerca de 400 mil Nuevos Soles para la titulación.

Debido a que dicho pago es imposible de asumir por los Awajún y Wampís, hasta el momento no se les ha extendido sus respectivos títulos de propiedad para terminar de formalizar su propiedad.

Los obstáculos gubernamentales para titular tierras indígenas y de colonos rurales podrían estar motivados por el interés de entregarlos en concesión a empresas transnacionales bajo la inconstitucional tesis de que las tierras no tituladas serían tierras libres y por tanto de plena disponibilidad del Estado.

Los biocombustibles y la necesidad de tierras

El Perú se encuentra en un proceso de cambio de su matriz energética. El Decreto Supremo 021 – 2007 – EM faculta a las refinerías de petróleo a realizar las mezclas de combustibles, es decir mezclas de fósiles con biocombustibles. Los cultivos usados para la generación de biocombustibles necesitan grandes extensiones de tierras.

A raíz de ello, en el Perú por lo menos 15 empresas medianas y grandes, nacionales y extranjeras, han iniciado proyectos conducentes a la producción de biocombustibles. Solo algunos ejemplos, Palmas e Industrias del Espino (empresas del Grupo Romero) tienen planificado contar con 40 mil hectáreas sembradas de palma aceitera durante el 2010. Actualmente Palmas del Espino tiene en San Martín 8 mil hectáreas de palma aceitera en producción.

Heaven Petroleum Operators S.A. en enero 2008 ha construido en Lurín (Lima) la primera planta de producción de Biodiesel. Tiene una capacidad que asciende a 120 mil galones diarios de Biodiesel. La materia prima vendría de la siembra de 55 mil hectáreas de piñon (Jatropha curcas) en Lambayeque y San Martín.

De la misma manera, en agosto 2008 la empresa estadounidense Pure Biofuels inauguró su planta de producción de biodiesel, ubicada en Ventanilla (Lima), que tiene una capacidad de producción de 140 mil galones diarios de Biodisel. Ese mismo año estaban implementando más de 2 mil hectáreas del cultivo de piñón, un fruto que puede crecer en tierra eriazas de la costa peruana.

Existen voces de preocupación por el peligro que puede significar el cultivo indiscriminado de palma aceitera. El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, 2006) menciona el caso de un proyecto en Yurimaguas donde “antes de darse a conocer los resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto, se informa que ya se había iniciado la deforestación de 2 mil hectáreas en la zona de Shanusi”.

Es importante señalar que el año 2007 en el Perú ya había 24 mil hectáreas de Palma, de las cuales 14 mil estaban en Producción. A junio 2008 por lo menos 10 empresas tenían proyectado el establecimiento de 182 mil hectáreas de plantaciones de palma aceitera, principalmente en San Martín y Ucayali.

El problema que se viene

Cada vez que hay una nueva oportunidad para algún cultivo los conflictos por superposición de terrenos entre concesionarios forestales, agricultores o comunidades nativas se agravan.

Los biocombustibles son monocultivos que requieren grandes extensiones de terreno. Los pequeños productores tendrían que vender sus tierras por la presión que se viene generando y se quedarían sin su único medio de subsistencia.

En el caso de Madre de Dios, las tierras están ocupadas por comunidades indígenas, colonos o son Áreas Naturales Protegidas o concesiones de algún tipo. De otro lado, el objetivo de sembrar en tierras deforestadas es difícil de cumplir, pues la deforestación no es ordenada, y en una extensión de terreno se pueden encontrar áreas con bosque o sin él.

Los impactos socio ambientales también serían significativos porque grandes extensiones de monocultivos ocasionarían lo siguiente: deforestación de bosques naturales, incendios, cambio de uso de tierras dedicadas a la producción de alimentos, plagas nuevas, uso de pesticidas y herbicidas, contaminación de las fuentes de agua, entre otros.

La Región de Madre de Dios no es ajena a esta realidad. El Gobierno Regional de Madre de Dios viene aplicando la política del Gobierno Nacional en la promoción de monocultivos a través de por lo menos dos proyectos que se vienen ejecutando. Sin embargo, también ha aprobado el Plan Regional de Agroforestería de Madre de Dios (Ordenanza Regional Nº 017-2008-GRMDD/CR, de fecha 26 de Junio de 2008, publicado el 25 de Octubre de 2008), el cual ha sido elaborado por el trabajo mancomunado, multidisciplinario e interinstitucional de la sociedad civil y servidores públicos, donde se promueve la agroforestería sostenible con el trabajo de pequeños productores rurales.

Congruencias e incongruencias de una política de promoción de la formalidad cuyo objetivo no parece ser precisamente la formalidad y por el contrario viene promoviendo desorden y confusión entre los ciudadanos, de allí el creciente descontento y rechazo con el organismo (COFOPRI), que debiera acercarlos a la titularidad y por lo tanto al respeto del derecho de propiedad.

*Ingeniero Forestal

Foto: Cultivo de soya.

Proceso implementación Sistema de Conservación Regional Madre de Dios

Karina Salas*

Desde el 2007, la comunidad del Lago Valencia viene trabajando en coordinación con el Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) en el proceso de establecimiento del Lago Valencia como un Área de Conservación Regional (ACR); a raíz de esa experiencia, el GOREMAD ha tomado la iniciativa de establecer un Sistema de Conservación Regional (SCR) para Madre de Dios conformando para ello un grupo focal integrado por representantes del GOREMAD, ONGs y otros actores de sociedad civil.

Lo que se busca con la implementación del SCR, es el establecer un sistema de gestión de áreas silvestres para uso público y que provea de servicios ambientales. En ese sentido, la participación de la población es vital tanto en el proceso del establecimiento, como en el manejo de las ACR.

Hasta el momento, se han realizado reuniones de coordinación, donde se ha logrado establecer una hoja de ruta para el proceso de la implementación. Del mismo modo, se tiene programado realizar talleres internos con los miembros del grupo focal, a fin de conceptualizar el sistema, los criterios para el establecimiento y las estrategias del mismo.

El 29 de septiembre del presente año, se realizó el primer taller interno del grupo focal denominado: “Madre de Dios, hacia un sistema de conservación regional descentralizado y coordinado interinstitucionalmente – conceptos y propuestas para su consolidación”. En este taller se expusieron temas sobre el aspecto legal que trae consigo el establecimiento del sistema de conservación (pros y contras), el aspecto ecológico, la experiencia de otros departamentos que ya llevaron a cabo este proceso y los criterios y consideraciones a tener en cuenta para poder establecer un SCR en Madre de Dios.

Los temas trabajados en este taller, fueron enfocados en cuatro temas principales: objetivos del SCR, los criterios para priorizar ACR, institucionalidad e indicadores en la gestión del SCR y los mecanismos para la sostenibilidad financiera del SCR.

Como complemento a este proceso, se cuenta con datos como por ejemplo, el mapa de identificación de humedales en la cuenca del río Madre de Dios (elaborado por el laboratorio SIG del CSA – UPCH); de otro lado CAMDE PERÚ ha trabajado evaluando las posibles áreas para conservación regional y el expediente del “ACR Lago Valencia” se encuentra en proceso de elaboración.

Con estos insumos, se continúan con las coordinaciones para poder presentar la propuesta en un evento mayor y así validar los avances que se tienen hasta el momento.

*Asistente de coordinación del Grupo de Trabajo de Sociedad Civil para la Interoceánica Sur

Foto: Reunión del Grupo Focal