Aldo Santos*
Chacayaje, Ayapata e Ituata han pasado a formar parte de la crónica policial, luego de que tres personas murieran como consecuencia de un enfrentamiento entre dos poblaciones vecinas. Ayapata e Ituata, dos localidades de una misma provincia enfrentadas por la posesión de yacimientos mineros en Puno; más allá de la ineptitud de la Presidencia del Consejo de Ministros y los Gobiernos Regionales, por no solucionar los problemas de demarcación territorial que existen en el Perú y las regiones, el enfrentamiento revela los oscuros métodos utilizados por la minería informal en el país.
Los mecanismos que la informalidad utiliza para solucionar sus controversias tienen que ver, en este caso con el enfrentamiento armado, la violencia física o elementos de intercambio y negociación que están por debajo de la Ley. Demás esta hablar de los “alces”, transacciones que suponen que el propietario de la superficie del terreno, reciba a cambio una porción del oro que el minero extrae del subsuelo. O el “cachorreo”, sistema de trabajo que posibilita que el dueño de la concesión minera le permita explotar el mineral a sus trabajadores durante cuatro días, como pago por el trabajo que estos realizan durante un mes.
No hay impuestos, no hay Ley, no existen derechos laborales y ante la ausencia estatal proliferan otro tipo de vicios, prostitución clandestina, trata de personas, violencia sexual, violencia familiar o trabajo infantil. Un círculo vicioso que alimenta la impunidad y que tiene como cómplices a autoridades y funcionarios estatales que han encontrado en la informalidad un modo de vida para obtener otro tipo de beneficios (sobre todo en época electoral).
En Madre de Dios ocurre lo propio, los enfrentamientos por la superposición de predios se han agudizado; el mecanismo perverso de adjudicación de derechos mineros no distingue concesiones de aprovechamiento forestal o concesiones de aprovechamiento turístico, mucho menos predios de uso agrícola. Sólo en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata existen actualmente 85 derechos mineros en trámite, 31 derechos mineros titulados y 64 de ellos se superponen con la Reserva. Además de existir superposición entre derechos mineros o entre predios agrícolas y derechos mineros .
Agricultores, concesionarios forestales y turísticos tienen que enfrentar, a través de diversos mecanismos, la arremetida de la minería informal que lo depreda todo a su paso y que difícilmente encuentra obstáculos. Algunos propietarios se han visto en la necesidad de ser ellos mismos quienes hagan denuncios mineros sobre sus predios para evitar que la plaga de la informalidad los toque, algo parecido a pagar un alquiler anual o por protección al Estado por ocupar su propio terreno.
Las cifras más conservadoras revelan que cerca de 150 000 hectáreas de bosque han sido destruidos por la minería informal en Madre de Dios; mientras en Puno los daños causados por la minería informal a la cuenca del río Ramis son incalculables. Todo ello se agudiza en un contexto en el que el precio del oro ha superado los 1 000 dólares por onza y la pobreza, la inexistencia o mala aplicación de políticas orientadas a otras actividades productivas como la agropecuaria, la agroforestería o la conservación son imperceptibles o simplemente no existen.
La disputa entre Ayapata e Ituata, que terminó con la muerte de tres personas y otras tantas heridas de bala, puede ser el desenlace de este y otros conflictos que tienen como punto de divergencia el aprovechamiento de determinados recursos naturales en el país, si es que no se establecen reglas claras de negociación y si es que el derecho de propiedad y demás normas se siguen violando arbitrariamente con la complicidad de autoridades y funcionarios estatales tanto por su incapacidad, como por las limitaciones que estos tienen.
Para el caso concreto de la minería informal, ¿por qué no se regula el ingreso del mercurio a estas zonas mineras? Que por cierto es altamente nocivo y el Perú es uno de los pocos países que sigue permitiendo su uso, ¿quiénes están detrás del negocio del mercurio en el país?, ¿quiénes son los dueños y los vendedores de la maquinaria pesada que circula en los centros mineros?, ¿quiénes son los compradores (“blanqueadores”) del oro informal? Y por último, ¿quiénes financian la actividad?
Es sumamente sencillo atacar al minero informal, a aquel que trabaja bajo condiciones inhumanas, pero difícil decir algo sobre los verdaderos ganadores del negocio de este tipo de minería; entre ellos se pueden contar congresistas deudores, importadores de maquinaria pesada, funcionarios estatales, alcaldes provinciales, distritales y hasta dirigentes sociales e indígenas. El esquema se repite aquí y allá y la solución estatal parece ser la misma. Estigmatizar al minero y limpiar de culpas a los verdaderos promotores del negocio.
Finalmente, no se trata de negarse a la minería como posibilidad de que esta pueda aportar al desarrollo regional y nacional, se trata, por el contrario de ordenar la actividad y de que esta se realice cumpliendo estándares mínimos de responsabilidad ambiental, social y por último respetando los derechos humanos. Determinemos zonas de actividad minera y excluyamos a aquellas que tienen otro potencial, mejoremos los mecanismos de fiscalización, asistencia técnica y formalización de los concesionarios mineros y acabemos con la corrupción que continúa viviendo de esta actividad.
Chacayaje, Ayapata e Ituata han pasado a formar parte de la crónica policial, luego de que tres personas murieran como consecuencia de un enfrentamiento entre dos poblaciones vecinas. Ayapata e Ituata, dos localidades de una misma provincia enfrentadas por la posesión de yacimientos mineros en Puno; más allá de la ineptitud de la Presidencia del Consejo de Ministros y los Gobiernos Regionales, por no solucionar los problemas de demarcación territorial que existen en el Perú y las regiones, el enfrentamiento revela los oscuros métodos utilizados por la minería informal en el país.
Los mecanismos que la informalidad utiliza para solucionar sus controversias tienen que ver, en este caso con el enfrentamiento armado, la violencia física o elementos de intercambio y negociación que están por debajo de la Ley. Demás esta hablar de los “alces”, transacciones que suponen que el propietario de la superficie del terreno, reciba a cambio una porción del oro que el minero extrae del subsuelo. O el “cachorreo”, sistema de trabajo que posibilita que el dueño de la concesión minera le permita explotar el mineral a sus trabajadores durante cuatro días, como pago por el trabajo que estos realizan durante un mes.
No hay impuestos, no hay Ley, no existen derechos laborales y ante la ausencia estatal proliferan otro tipo de vicios, prostitución clandestina, trata de personas, violencia sexual, violencia familiar o trabajo infantil. Un círculo vicioso que alimenta la impunidad y que tiene como cómplices a autoridades y funcionarios estatales que han encontrado en la informalidad un modo de vida para obtener otro tipo de beneficios (sobre todo en época electoral).
En Madre de Dios ocurre lo propio, los enfrentamientos por la superposición de predios se han agudizado; el mecanismo perverso de adjudicación de derechos mineros no distingue concesiones de aprovechamiento forestal o concesiones de aprovechamiento turístico, mucho menos predios de uso agrícola. Sólo en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata existen actualmente 85 derechos mineros en trámite, 31 derechos mineros titulados y 64 de ellos se superponen con la Reserva. Además de existir superposición entre derechos mineros o entre predios agrícolas y derechos mineros .
Agricultores, concesionarios forestales y turísticos tienen que enfrentar, a través de diversos mecanismos, la arremetida de la minería informal que lo depreda todo a su paso y que difícilmente encuentra obstáculos. Algunos propietarios se han visto en la necesidad de ser ellos mismos quienes hagan denuncios mineros sobre sus predios para evitar que la plaga de la informalidad los toque, algo parecido a pagar un alquiler anual o por protección al Estado por ocupar su propio terreno.
Las cifras más conservadoras revelan que cerca de 150 000 hectáreas de bosque han sido destruidos por la minería informal en Madre de Dios; mientras en Puno los daños causados por la minería informal a la cuenca del río Ramis son incalculables. Todo ello se agudiza en un contexto en el que el precio del oro ha superado los 1 000 dólares por onza y la pobreza, la inexistencia o mala aplicación de políticas orientadas a otras actividades productivas como la agropecuaria, la agroforestería o la conservación son imperceptibles o simplemente no existen.
La disputa entre Ayapata e Ituata, que terminó con la muerte de tres personas y otras tantas heridas de bala, puede ser el desenlace de este y otros conflictos que tienen como punto de divergencia el aprovechamiento de determinados recursos naturales en el país, si es que no se establecen reglas claras de negociación y si es que el derecho de propiedad y demás normas se siguen violando arbitrariamente con la complicidad de autoridades y funcionarios estatales tanto por su incapacidad, como por las limitaciones que estos tienen.
Para el caso concreto de la minería informal, ¿por qué no se regula el ingreso del mercurio a estas zonas mineras? Que por cierto es altamente nocivo y el Perú es uno de los pocos países que sigue permitiendo su uso, ¿quiénes están detrás del negocio del mercurio en el país?, ¿quiénes son los dueños y los vendedores de la maquinaria pesada que circula en los centros mineros?, ¿quiénes son los compradores (“blanqueadores”) del oro informal? Y por último, ¿quiénes financian la actividad?
Es sumamente sencillo atacar al minero informal, a aquel que trabaja bajo condiciones inhumanas, pero difícil decir algo sobre los verdaderos ganadores del negocio de este tipo de minería; entre ellos se pueden contar congresistas deudores, importadores de maquinaria pesada, funcionarios estatales, alcaldes provinciales, distritales y hasta dirigentes sociales e indígenas. El esquema se repite aquí y allá y la solución estatal parece ser la misma. Estigmatizar al minero y limpiar de culpas a los verdaderos promotores del negocio.
Finalmente, no se trata de negarse a la minería como posibilidad de que esta pueda aportar al desarrollo regional y nacional, se trata, por el contrario de ordenar la actividad y de que esta se realice cumpliendo estándares mínimos de responsabilidad ambiental, social y por último respetando los derechos humanos. Determinemos zonas de actividad minera y excluyamos a aquellas que tienen otro potencial, mejoremos los mecanismos de fiscalización, asistencia técnica y formalización de los concesionarios mineros y acabemos con la corrupción que continúa viviendo de esta actividad.
*Comunicador Social
Foto: Vista aérea de la minería en el sector de Guacamayo en Madre de Dios. Imagen tomada en marzo del 2009.
